Desde 2014, la campaña ‘Nuestra agua, nuestros derechos’ (en inglés Our Water, Our Rights) ha logrado movilizar a las comunidades y organizaciones sociales para oponer resistencia a la política de privatización del agua en Lagos (Nigeria) y aumentar el compromiso de la ciudadanía de cara a la búsqueda de soluciones a la crisis del agua que sufre la ciudad. Contra viento y marea, también ha conseguido incrementar el gasto gubernamental destinado a infraestructuras de agua y saneamiento en la capital.

Cuando el grupo Acción por los Derechos Ambientales (Environmental Rights Action, ERA) supo que el gobierno del estado de Lagos estaba negociando en secreto un partenariado público-privado que se encargaría del suministro del agua —en una ciudad ya de por sí muy desprovista de estos servicios—, lanzó una campaña que, hasta el momento, ha conseguido recaudar 185 millones de USD en concepto de partidas gubernamentales destinadas a garantizar el suministro de agua potable a la población de Lagos. Al principio, el gobierno se mostró reticente a ceder dichos fondos con la excusa de que solo se podía acceder a ellos mediante partenariados público-privados.

Uno de los ejemplos más reveladores de la fuerza de esta campaña radica en haber puesto en jaque el plan por el cual el gobierno pretendía criminalizar a los usuarios por el uso que hacían del agua procedente del sector informal. ERA impugnó esta norma en una audiencia pública y logró movilizar a las comunidades y organizaciones sociales para que se manifestaran en la calle contra esta medida. Como consecuencia de esta estrategia, el gobierno eliminó la controvertida cláusula.

Y a pesar de que el gobierno insista en sus planes de privatización (que ERA seguirá impugnando), los mayores logros de esta campaña radican en haber conseguido aglutinar a las diferentes organizaciones, movimientos sociales y comunidades en todo Lagos por primera vez desde el fin del régimen militar en el país y haber sembrado el germen de un movimiento nacional frente la privatización del agua.

En esta campaña han participado 30 organizaciones de muy diversa índole, desde aquellas cuya labor se centra en la defensa de las libertades civiles a otras dedicadas ala asistencia sanitaria, la paz y el desarrollo, y los derechos humanos, medioambientales, democráticos, jurídicos y laborales.

Las comunidades han sido el motor instigador de esta campaña de base que recogió los testimonios y experiencias de las personas afectadas por la escasez y la contaminación del agua. Ya desde el principio, ERA conectó esta lucha con otras luchas antiprivatización del mundo, y, en colaboración con otros socios internacionales, elaboró el programa La crisis del agua en Lagos: Plan de actuación alternativo para el sector del agua, con el que demostraba al gobierno que la campaña ofrecía alternativas reales.

“Esta campaña destaca por incorporar aspectos muy loables, como la integración entre organizaciones profesionales y comunidades afectadas, cuyas voces ocupan un lugar central, y estas, a su vez, trabajan en estrecha colaboración con aliados internacionales. Los resultados y cambios que ha traído consigo la campaña son palpables y concretos.”
– Sakoto Kishimoto, evaluadora de Ciudades Transformadoras

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